- El nuevo reglamento les faculta a ocupar la propiedad privada para instalar sus antenas.
- Los administradores de fincas se oponen y contactan con juristas en busca de soluciones.
Operarios trabajando en la instalación de varias antenas de telefonía y televisión en la azotea de un edificio.
Polémica a la vista en Baleares con las operadoras de telefonía y el Gobierno en el ojo del huracán. La culpa la tiene la nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada hace un par de meses en el Congreso, que aunque todavía no es muy conocida, ya ha generado inquietud y rechazo entre asociaciones de vecinos y administradores de fincas. La razón es evidente. A partir de ahora, y gracias a esta nueva normativa, las empresas de telefonía podránexpropiar espacios privados como las azoteas de los edificios para colocar antenas sin que sea necesaria la autorización de las comunidades de vecinos.
El artículo de la discordia no puede ser más explícito. Es el número 29 y en él se puede leer literalmente que «los operadores tendrán derecho a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable». Un texto que ya ha despertado numerosas críticas en el resto del país y que ahora empieza a conocerse en Baleares, donde tampoco ha sentado nada bien.
El Gobierno y el sector de la telecomunicaciones defienden las bondades de la nueva ley ya que su objetivo es permitir a las compañías acometer sus inversiones para favorecer el despliegue de redes con el fin de lograr la adaptación a los objetivos que marca la Agenda Digital para Europa, que busca que todos los ciudadanos tengan acceso a conexiones de banda ancha de al menos 20 megabytes por segundo en el 2020.
Sin embargo, los afectados no lo tienen tan claro. La noticia ha sentado como una bomba entre los asociados al Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, que ha mantenido en las últimas semanas reuniones con diversos juristas para estudiar la ley y decidir qué actuaciones llevar a cabo.
Fuentes del entorno de su presidente, Pedro Mayol, sostienen que no está de acuerdo con el texto y así se lo ha hecho saber a la Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones de Baleares (Abitel) en diversos encuentros. «Él defiende sus intereses», apuntan desde Abitel.
Aunque este diario intentó contactar sin éxito con Pedro Mayol, otros miembros del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares consultados no ocultan su indignación por lo que consideran un abuso que atenta contra un principio básico como la propiedad privada y lamentan que el Gobierno haya vuelto a elegir el verano para colarles una ley polémica. Piensan tratar el tema en su próxima asamblea y será entonces cuando pacten su hoja de ruta.
Mientras tanto, en el otro lado se sitúa la patronal Abitel, encantada y satisfecha con la nueva ley, aunque comprende que «pueda crear controversia», reconoce su presidente, Rafael Cortés. Defiende que «no será tan fácil expropiar» puesto que será necesario realizar varios estudios de la zona y la situación para poder llegar a la ocupación forzosa. «Se pasará por muchas etapas antes», añade.
Y pese a que hace ya un par de meses que se aprobó la normativa, todavía no se han registrado quejas al respecto, aunque «empezarán dentro de poco», augura un Cortés que insiste en dejar claro que la ley no supone una carta blanca al sector de las telecomunicaciones. «Todo el mundo tiene móvil y quiere internet, esto requiere sacrificios por este bien común», declara el responsable de Abitel. Quienes sí han alzado la voz, y con contundencia, han sido los miembros de la patronal nacional de administradores de fincas, donde surgieron importantes críticas desde los primeros instantes tras la aprobación de la ley. En un comunicado, denunciaron que «se da carta blanca a los operadores para que puedan disponer de estos espacios sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto ambiental».
Fuente: El Mundo. Baleares
