ENRIQUE LAPUENTE En estos días, los alumnos de tercer grado de ingeniería de obras públicas han tenido que resolver el que probablemente sea uno de los problemas más arduos a los que han tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera: analizar el recibo del agua que reciben en sus hogares. La complejidad no es técnica, con saber sumar y multiplicar es suficiente, más bien reside en la dificultad para entender qué es lo que pagamos y porqué.
Los conceptos que figuran en el recibo son confusos y la información que los acompaña es insuficiente para su comprensión. Pero lo que resulta todavía más descorazonador es la dificultad de hallar auxilio cuando deseamos conocer algo más acerca de las tarifas que se aplican. Como ejemplo, de los cerca de 30 municipios de más de 20.000 habitantes analizados en la Comunitat Valenciana, en la mitad de ellos no hay ni rastro de información cuando dirigimos nuestra búsqueda a través de la omnipotente internet.
Si atendemos al importe que hacemos frente cada vez que se nos gira un recibo, observamos una gran disparidad de precios, entre 1,5 y algo más de 3 euros por metro cúbico del agua consumida en un hogar de tamaño medio. Esta diferencia tan abultada no se justifica, como podría pensarse, en la carestía por la obtención del recurso, desalación o trasvase frente a agua que proceda de pozos o ríos, y hay que buscar otras claves para poder justificarla: recuperación de costes, canon concesional, prácticas contrarias al libre mercado, beneficio empresarial, vulneración del principio de quien contamina paga, etcétera.
No en todos los municipios se repercuten los costes asociados al servicio en el recibo, como indica la legislación, y son los ayuntamientos los que hacen frente a una parte de ellos. Esta conducta traslada al ciudadano un mensaje equívoco de agua barata, desincentivando el consumo de un recurso claramente escaso que a la postre repercute negativamente en las arcas municipales y en la calidad del servicio que se presta, restando fondos para mantenimiento y mejoras en las infraestructuras.
No es este el único aspecto a tener en consideración. Un peso muy considerable en la carestía del agua en algunas ciudades corresponde a la repercusión que el canon concesional tiene en el recibo. Algunos municipios han utilizado esta fórmula, arbitrada a través de la privatización, para obtener financiación que no siempre ha sido empleada en la mejora del servicio de agua. Este modo de operar, por otra parte, podría colisionar con la ley de defensa de consumidores sobre la justa contraprestación económica por el servicio recibido, poniendo en tela de juicio la legalidad de las tarifas que se aplican en esos municipios.
El agua no es sólo un servicio vital para el ciudadano, sino también un derecho humano que al igual que aquellos otros que se proclamaron en la Declaración Universal de 1948 deben estar regidos por los principios de no discriminación, asequibilidad y rendición de cuentas, entre otros. Aspectos que quedan en entredicho a la vista de los hogares que se ven privados del acceso al agua por falta de recursos económicos o por la escasa, más bien nula, información que recibe el ciudadano de cómo se presta este servicio. De los municipios estudiados, solo en una tercera parte de ellos se contempla alguna bonificación en la cuota para familias con recursos escasos, y eso que para muchos hogares el gasto anual del recibo supera el 3 % del presupuesto familiar que recomienda Naciones Unidas.
Es tiempo de cambio, así mayoritariamente lo han decidido los ciudadanos en las urnas, y las políticas que se emprendan deben dar respuestas a los problemas reales y cotidianos de la población, alumbrando la oscuridad con la que determinados servicios públicos han sido gestionados hasta ahora.
Fuente: Levante. El mercantil Valenciano.
